Mineros inician nueva huelga nacional indefinida

La minería, uno de los sectores que genera entre 15 mil y 20 mil millones de dólares al año, está nuevamente en el ojo de la tormenta. La informalidad y la explotación laboral han ocasionado que más de 30 mil trabajadores continúen sometidos a las grandes empresas, motivando a que ciudades como Madre de Dios, Puno, La Libertad y el Sur medio (Ica, Ayacucho y Arequipa), se levanten en una huelga nacional indefinida, como consecuencia de las eternas promesas incumplidas de los últimos gobiernos de turno.

La ausencia del Estado que desde hace más de 20 años se ha hecho sentir al interior del país, es uno de los principales motivos por los cuales la informalidad ha ido dominando las reglas de juego. Esta inobservancia es la respuesta a una situación de pobreza extrema que surge en respuesta a la exclusión económica que se vive en las zonas más alejadas.

Para Luis Castillo Carlos, Secretario General de la Federación Minera, el problema empieza desde la tercerización que se da por el contrato. “Estamos bajo un contrato muy lesivo para los trabajadores dado que en este momento tenemos 162 mil trabajadores ligados a la producción tanto minera, siderúrgica y metalúrgica, pero de ellos solo 30 mil están con derecho a la negociación colectiva, mientras que los 132 mil que restan, están en sistema de contrato en empresas especializadas y services las cuales no están coberturadas por la legislación laboral, no tienen derecho a ninguna negociación colectiva, incluso no tienen derecho a utilidades lo que en realidad dista mucho lo que pregona tanto el Ministerio de Trabajo y el Gobierno”, afirma.

Saqueo indiscriminado
El origen de los conflictos socioambientales, empezaron por la indiscriminada e irracional explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, en beneficio de las grandes trasnacionales. La propia legislación minera D.S. 014-92-EM que se crea en el Gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori, fue hecha a medida de de la gran minería y los intereses externos antes que nacionales.

Esta norma y sus reglamentos complementarios aprobados, a través de decretos supremos, no han merecido en sus 18 años de vigencia ningún cuestionamiento enérgico de parte de los Congresistas de la República, quienes indirectamente son corresponsables de la actual situación de saqueo de los recursos minerales y su repercusión en los conflictos ambientales a nivel nacional.

Es por este motivo, que la actual legislación minera, requiere un urgente cambio, que recoja las grandes transformaciones jurídicas mineras y ambientales, regulando su explotación en forma racional y a beneficio equitativo de inversionistas como del Estado peruano.

Atentado al Medio Ambiente
Según la información de del Departamento de Aduanas del Perú, en los últimos cuatro años casi se ha duplicado la importación de mercurio, que va en buena parte destinada, a usos inescrupulosos que terminan por contaminar el aire y envenenar a los peces.

Un claro ejemplo de lo ocurrido, es la ciudad de Cerro de Pasco, donde el aire está contaminado, la tierra está muerta y su único rí¬o, ya no tiene agua pura. Cada día que pasa, la esperanza de vida de los pocos pobladores que aun viven ahí, se reduce y el tajo abierto por la empresa minera ‘Volcan’, en el centro de la ciudad, se sigue haciendo más grande.

Otro caso conocido es el de la minera ‘La Zanja’, ubicada en la Región Lambayeque. La cabecera de cuenca (donde nace el río Chancay), ubicada en el caserío La Zanja, del distrito de Pulán, las compañías mineras Newmont Gold Company, de Estados Unidos y Buenaventura (Yanacocha en Cajamarca), formaron la empresa Minera La Zanja S. R. L. para explotar este yacimiento en una perspectiva de más de 500 mil onzas de oro y casi cuatro millones de onzas de plata, a través de una explotación a tajo abierto, removiendo con dinamita y maquinaria pesada miles de hectáreas por día, utilizando sustancias altamente tóxicas como el cianuro y el mercurio. Con la contaminación del agua de los ríos de la cuenca, se perjudicaría los embalses de los reservorios Tinajones y Boró que abastecen el consumo de la población, agricultura, ganadería y la industria alimentaria del valle.

A pesar que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que es a su vez propietario o accionista de empresas mineras, es regulador de las políticas del sector minero y a la vez promotor de las inversiones mineras y decide sobre que tierras, agua y lotización de yacimientos se trabajará la extracción de metales, no existe ninguna institución que vigile sus actividades ni que proteja los derechos e intereses de las comunidades afectadas.

Pedidos y reclamos
Perú, quien actualmente es el segundo país que más produce plata y cobre en el mundo, paraliza una vez más sus labores, a la espera de la aprobación de leyes para anticipar la jubilación de los trabajadores y elevar sus remuneraciones, que están pendientes desde hace unos tres años.

"Nosotros lo que solicitamos son tres puntos fundamentales: la aprobación del proyecto de ley de jubilación minera, el de utilidades mineras y la solución al problema de La Oroya", donde está ubicado un complejo metalúrgico de ‘Doe Run Perú”, señaló.

El nuevo plan de huelga, cuenta con el respaldo del sindicato de la principal unidad productora de plata. Buenaventura, Uchucchacua, según indicó su representante, Segundino Romero. "En la asamblea general aprobamos iniciar la huelga nacional indefinida porque en el Congreso no se resuelve el tema de la jubilación minera, es lamentable que el Estado no escuche nuestro petitorio", afirmó.

Sin embargo, el gremio de los trabajadores de Antamina –la más importante productora de cobre y zinc- no tiene previsto plegarse a la huelga. Como consecuencia de esta paralización, se podría afectar parte de la producción minera en nuestro país, quien actualmente es el segundo mayor productor mundial de zinc y el sexto de oro, lo cual se vería reflejado en la cotización de los metales en los mercados internacionales.

Clamor unánime
En su principal reclamo, los mineros buscan que el Congreso y el Gobierno del presidente Alan García apruebe un proyecto de ley de jubilación minera anticipada y modifiquen una ley que fija un tope a la repartición de utilidades en el sector.

Actualmente, los trabajadores mineros pueden jubilarse entre los 50 y 60 años, dependiendo del tipo de labores que realizan, por lo que piden, se les permita hacerlo cinco años antes.

Asimismo, el techo salarial anual de los mineros es de 18 sueldos, pero ante el actual auge de precios reclaman que deben recibir más remuneraciones.

La minería, que es uno de los pilares de la economía peruana, representa cerca del 60por ciento de sus exportaciones totales anuales. Cabe precisar que en nuestro país operan importantes productoras de metales como Southern Copper, Xstrata Copper, Newmont Minign y Barrick Gold, entre otros, que nos llevado a ocupar el 56% de las divisas por concepto de exportaciones y también el 15% de la inversión extranjera directa.

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