martes, 2 de mayo de 2017

Grupo Brasilero contamina la selva y denuncia a peruanos que se oponen

FREDEPCH ALERTA QUE SALUD Y SEGURIDAD DE POBLADORES  SE AGRAVA

Lo que en un inicio iba a significar un importante paso para el progreso de la región terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para los pobladores del Centro Poblado Naranjal, Utcuyacu, Puntayacu, Chalhuapuquio y Agua Flor, quienes denuncian a la empresa Hidroeléctrica ‘La Virgen S.A.C’ por los acuerdos de actas incumplidas de los años 2005, 2007 y 2012 donde se comprometen a asumir una serie de compromisos sociales a favor del pueblo y que, por el contrario, estarían denunciando a los ciudadanos que se oponen a su manera de operar.


Soberbia de la Empresa Hidroeléctrica ‘La Virgen S.A.C’ de la ciudad de Chanchamayo estaría siendo apañada por autoridades

Evidenciando una serie de irregularidades que vendrían dándose en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo (Región Junín), el Presidente del Frente de Defensa de la Provincia de Chanchamayo (FREDEPCH) Carlos Franco Paino, alzó su voz de alerta sobre los malos manejos que se estarían haciendo por parte de la empresa Hidroeléctrica ‘La Virgen S.A.C’ de capitales brasileros, la cual viene dejando un impacto negativo en la región.

“La presa hidroeléctrica ‘La Virgen S.A.C’ ha recibido la concesión de parte del Ministerio de Energía y Minas y a la fecha esa empresa, no viene cumpliendo con sus compromisos sociales tal como lo prometió en los años 2005, 2007 y 2012. Nunca hizo reforestaciones en la zona, ni piscigranjas, tampoco ayudaron a los pequeños negocios ni se interesan en el aspecto de la salud y educación”, refiere en presidente del FREDEPCH.


Estos compromisos sociales, pese a que habían sido firmados con los mismos dueños en el pasado, hoy han quedado en letra muerta, luego que las acciones fueron cedidas a un capital brasilero, quienes ahora son los mayores accionistas de la empresa ‘La Virgen S.A.C’ la cual viene trabajando desde el 2016.

PROMESAS INCUMPLIDAS
Una vez que se estableció la empresa en la ciudad de Junín, lo primero que hizo fue desviar el río Tarma que va hacia Chanchamayo para modificarlo. Este cauce afectó directamente a los poblados de Utcuyacu, Puntayacu, Chalhuapuquio, Agua Flor y Naranjal, los cuales empezaron a recibir un agua de dudosa calidad.


“Estos pueblos han quedado como una bomba de tiempo, incluso está en peligro la pista asfáltica que dispone el ingreso de vehículos hacia la selva central, debido a que está rajada y a punto de colapsar”, manifiesta el representante.

Por si fuera poco, esta empresa ha tenido que volar rocas y debido a las detonaciones, han generado perjuicio para la población. Ahora hay casas de material noble que están rajadas y son un grave peligro.


“Los ejecutivos de la empresa se niegan a reconocer los daños que han ocasionado. Ellos simplemente lo minimizan y no han resarcido en su totalidad el valor que le corresponde a cada una de las viviendas. También vienen contaminando el agua que está saliendo de un túnel de la empresa, donde prácticamente vienen arrojando desechos al río Tarma por una tubería; el agua es totalmente plomiza y cuando empieza a correr en el flujo es cuando se ve como si tuviera detergente porque hace espuma”, indicó el sub jefe de la Comunidad Nativa Yanesha, Unión Alto San Cachari del distrito Perene, provincia de Chanchamayo, región Junín, Josué Ballesteros Mateo, en nombre de las comunidades indígenas.

UN ESTUDIO AMBIENTAL ALTERADO
Frente a lo manifestado, llama aún más la atención que existiría un estudio de impacto ambiental que fue modificado en más del 60%. El secretario de organización del FREDEPCH, Juan Tinoco Portocarrero, recurre a la Constitución para dirigirse a las autoridades gubernamentales y frenar estos hechos.

“La Constitución, en su artículo 2 dice: ‘Toda persona tiene derecho a estar informado’; en el artículo 17 dice: ‘tiene derecho a participar activamente en los temas medio ambientales, ya sea de forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación’. La Ley general del ambiente en el artículo 46 de la Constitución Política del Perú dice, ‘que toda persona puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones o aportes en los procesos de toma de decisiones en la gestión ambiental’, entonces como organización sindical del Frente de Defensa de la Provincia de Chanchamayo, nosotros queremos que se ejecute la ley y se haga justicia”, indicó.

SOLUCIONES
Ante lo acontecido en la región Junín, los miembros del FREDEPCH han elaborado una serie de pedidos para intentar mejorar la situación. Dentro del pliego cursado a las autoridades del gobierno central están, exigir talleres informativos, audiencias públicas y un estudio de impacto ambiental correcto.


“Nosotros hemos acudido a las más importante instancias como el Congreso de la República, para que nos puedan informar sobre la situación pero aún no hay respuesta. Hemos hecho un seguimiento y pudimos observar que en la mesa de diálogo la parcialización se da de parte del Estado pese a tener las pruebas”, mencionan los dirigentes.

Mientras el tiempo pasa, los más afectados siguen siendo los animales silvestres, los animales domésticos, los cultivos y los pobladores. “Lo que nosotros pedimos al gobierno es que esta empresa apoye a mejorar nuestra cadena productiva. No estamos en contra del desarrollo, pero sí de las malas prácticas que afectan a nuestra población. Si nadie interviene nos condenarán a una muerte segura”, concluyeron.

EL DATO:
Los afectados también responsabilizaron al Gobernador Regional, Ángel Unchupaico Canchumane; el alcalde de la provincia de Chanchamayo, Hung Won Jung y al alcalde del distrito de San Ramón, Juan Jose Ludeña Orihuela, por no hacer nada ante tan dramática situación.
“Si nadie interviene nos condenarán a una muerte segura”, denuncian los dirigentes de la selva central

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