miércoles, 11 de mayo de 2011

Víctimas de esterilizaciones forzadas aún esperan justicia

El drama de 2 mil 73 mujeres que aún no son escuchadas

A más de 10 años del acto más execrable, cometido contra los derechos humanos en nuestro país, las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas, aún continúan esperando justicia y el cumplimiento de una serie de promesas que a la fecha el Estado, no ha hecho efectivas para remediar el irreversible daño psicológico y físico que les quito la posibilidad de dar vida.

Esta ley natural que no le pareció adecuada al Gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, no solo sentó las bases de la impunidad, sino que adicionalmente se pretende seguir dejando en el olvido el caso de las más de 2 mil mujeres que fueron víctimas del Estado peruano y que no han sido tomadas en cuenta dentro de las promesas presidenciales de la candidata Keiko Fujimori Higuchi, como muestra de un arrepentimiento por los actos cometidos durante el régimen de su padre.

Crimen consentido
Durante los años 1996-1999, el Gobierno de turno impulso una agresiva campaña denominada Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias (AQV), para evitar que mujeres de las zonas rurales más pobres del país, continúen teniendo hijos que ya no podía seguir manteniendo. Si bien esta propuesta fue respaldada por amplia mayoría, tuvo su lado oscuro reflejado en la intimidación, extorción y engaño que un grupo de médicos cometió en el pueblo de La Ecañada (Cajamarca), con la única intención de cumplir una absurda meta numérica.

Como consecuencia de estos actos, en el año 1998 fallece María Mamerita Mestanza Chávez, luego que un 27 de marzo se le practicara una operación de ligadura de trompas, sin haber tenido un examen médico previo. Según consta en el historial clínico, la señora Mestanza fue dada de alta al día siguiente, a pesar de tener fuertes malestares posteriores a la operación, que acabaron con su vida luego de una agonía de siete días a causa de una infección generalizada.

Con su muerte, más mujeres víctimas de la esterilización forzada salieron a denunciar lo que venía ocurriendo en la referida localidad, exigiendo justicia y respuestas por parte del Gobierno. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consiguiendo que el Estado peruano llegue a un Acuerdo de Solución Amistosa con los familiares de la víctima, reconociendo su responsabilidad y comprometiéndose a pagar una indemnización y sanción frente a los hechos cometidos.

La única investigación con miras a establecer responsabilidades fue la realizada por la Subcomisión del Congreso del año 2002 que presidió el congresista Héctor Chávez Chuchón y que erró, al calificar la mala práctica médica como genocidio, siendo desestimada al comprobarse que no hubo desaparición de un grupo social y por no ser ratificada por el Pleno del Congreso de la República, que en ese entonces era presidido por Luis Gonzales Posada, terminó con su archivamiento.

Engaño e Impunidad
Para la Dra. Rossy Salazar, especialista de la ONG DEMUS, los casos de esterilización forzada, si puede considerarse como un delito de lesión grave e incluso hasta homicidio, porque no han llegado al Poder Judicial ni han sido determinados como crímenes contra la vida.

“Lo primero que tendría que suceder es que la esterilización forzada este incluida como delito en el Código Penal, por que si en este momento no se ha establecido como un crimen de lesa humanidad ni se ha tipificado, estos hechos podrían volver a cometerse y volverían a quedar impunes gracias a la prescripción, por falta de fundamentos legales para su sanción inmediata”, refirió.

Así mismo propone para que cualquiera de los candidatos que vaya a asumir el Gobierno, no solo pida disculpas públicas, sino que firme un compromiso de no violación de los Derechos Humanos. ”Necesitamos que se comprometa para que las esterilizaciones forzadas nunca más ocurran y se incentive a través del Ministerio Público y el Poder Judicial la apertura de las investigaciones para que todos los responsables sean debidamente sancionados”, aseveró.

De acuerdo a la historia, Keiko Fujimori Higuchi, hija del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, fue Primera Dama durante los últimos años de gobierno de su padre, ella nunca emitió pronunciamiento alguno, ni se ha tocado el tema durante la presente campaña electoral, sabiendo que tiene la posibilidad de resarcir públicamente a todas estas mujeres víctimas de un programa que se suponía iba dirigido solo a quienes daban su pleno consentimiento y no amedrentando el derecho esencial a la vida.

El también candidato Ollanta Humala, parece haber olvidado incluirlas en su propuesta, por lo que la impunidad continúa apagando su clamor de justicia y sanción hacia todos los implicados. Esperemos que en algún momento esta realidad se revierta y se abra el caso que incluso llego hasta las instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues tal como indica en sus bases, "por ser delitos humanos no pueden prescribir, por lo que si se podría volver a investigar y reabrir el caso".

TOME EN CUENTA:
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, la AQV omitió la siguiente información durante su práctica:

1. No brindó la adecuada información sobre los beneficios y riesgos de la AQV.
2. No proporcionó por escrito las indicaciones previas a la operación. Los folletos preparados para el caso no contaban con toda la información de las prohibiciones previas a la intervención quirúrgica. Los formularios y materiales estaban solo en castellano.
3. Muchas de las esterilizaciones se realizaron en momentos donde la psiquis de la mujer está alterada, después de dar a luz o luego de tener un aborto.
4. Tampoco se tuvo en cuenta un plazo razonable entre la firma de la autorización y la intervención quirúrgica.
5. Se estableció la existencia de omisiones insalvables en las historias clínicas: evaluaciones preoperatorias por personal no calificado, ausencia de identificación de profesionales de la salud y ausencia de reportes operatorios.
6. El Estado, en la práctica, privilegió los métodos irreversibles de planificación familiar en desmedro de los métodos temporales, realizando campañas explícitas de ligaduras de trompas, atentando contra la libre elección de las personas.
7. En algunos lugares y momentos, los encargados de las campañas de ligaduras de trompas ofrecieron alimentos a cambio de practicar las AQV.
8. No se realizó el seguimiento post – operatorio a las personas que fueron intervenidas
9. La cobertura del Programa solo fijó metas en cuanto a las mujeres e incluso se tuvo una meta numérica para los métodos quirúrgicos. Las metas numéricas incentivaron la ocurrencia de vulneraciones a los derechos humanos en la aplicación del Programa.
10. También se identificó una serie de cobros indebidos para los servicios de planificación familiar.

1 comentario:

María Gutierrez Delgado dijo...

Me embarga siempre la tristeza al recordar esa parte de la historia de nuestro querido Perú, por esta acción tan cruel que hicieon quitándole su derecho de ser madres a muchas mujeres campesinas. Y ahora se razgan las vestiduras luchando contra el aborto, que contradicción.